Aunque la justa reivindicación de los derechos y libertades de las mujeres ha llegado para asentarse y consolidarse como una columna vertebral de la cultura mundial (con algunas lamentables excepciones en países absolutamente repelentes a la igualdad y la paridad), nuestras instituciones de educación superior aún no logran asimilar e integrar completamente en sus plataformas normativas las necesarias condiciones para prevenir, impedir y sancionar las violencias de género que se producen y reproducen de mil y un maneras, como cabeza de Medusa, en los pasillos, las oficinas, los salones, las bibliotecas y los estacionamientos.

Como en otras esferas de la vida pública, es necesario cuestionarnos por qué ocurren situaciones de retraso en el registro del discurso normativo universitario. Todas las instituciones tienen normas y de ellas derivan mecanismos sancionadores. Pero la cuestión es contar con la aplicación y armonización resuelta, justa y pertinente de normas que ya existen en el orden normativo interno del país; un orden del cual no se pueden sustraer las instituciones universitarias. El no aplicar las normas de protección y prevención, de examen y sanción, y que no sea de manera oportuna y correcta, va contra la quintaescencia de la universidad: la libertad en todos sus aspectos. Pero libertad —como lo vieron los filósofos desde siglos anteriores— con el respeto por la dignidad propia y de las y los otros, dentro de los cauces de la ley, porque solo mediante el dispositivo normativo legal es factible dar...